Una de las principales preocupaciones que tenemos los conductores cuando circulas por un itinerario que no conoces es en qué puntos existen radares fijos o radares de tramo. Tenerlos localizados ayuda a conocer previamente cuáles son esos puntos críticos de nuestro recorrido, tanto por la seguridad que entraña como el riesgo a ser 'cazados' y posteriormente multados a velocidades por encima de lo legal.

Existen diversas aplicaciones móvil que tienen perfectamente ubicados los radares fijos, como Google Maps, o los radares móviles, como pueden ser Waze, Social Drive y otras muchas. La última aliada a la que se le han encontrado estas funciones y, a la vez, máxima enemiga para la Dirección General de Tráfico (DGT) es WhatsApp, una de las apps más descargadas (si no la más) del mercado de aplicaciones móviles, además de la también muy popular Telegram.

Gracias al denominado 'método gallego', puedes convertir la famosa plataforma de chat en una auténtica herramienta anti-radares.

Qué es el 'método gallego' en WhatsApp y por qué se llama así

La funcionalidad se puede resumir de una manera sencilla y es que los usuarios utilizan WhatsApp o Telegram para ponerse en contacto entre sí e informar de la existencia de los radares. Los usuarios se organizan en grupos privados con gran cantidad de gente dentro de los cuales se realizan avisos que llegan de manera masiva e instantánea a todos los miembros.

A través de estas apps y de los grupos y canales de conversación también se informa de otras incidencias como tramos con obras, incidencias meteorológicas, accidentes o retenciones, entre otros.

La denuncia realizada a un ciudadano de Galicia que gestionaba grupos de hasta 15.000 usuarios ha hecho que esta práctica tenga el nombre de 'método gallego'.

¿Es legal usar WhatsApp o Telegram con el 'método gallego'?

Ya llevamos varios años en los que los detectores de radares o los inhibidores de señal de radares están absolutamente prohibidos con multas que pueden ascender hasta los 6000 euros. Esto junto a la masificación de los smartphone provocó una migración hacia los móviles y las aplicaciones específicas de ubicación y avisos de radares, una tendencia a la que también se han añadido WhatsApp y Telegram.

Whatsapp motoAntaño, había ciertas 'pillerías' entre los conductores para realizar advertencias al resto de usuarios, como echar las luces largas a los vehículos que se cruzaban en sentido contrario o indicar con la mano que se bajara la velocidad, unos métodos que se han pasado al mundo digital.

La DGT quiere combatir estas prácticas. El caso es que no hay una mención específica a la prohibición de alertar sobre la existencia de un radar mediante apps de mensajería en el Reglamento de Circulación o la Ley de Tráfico. Es más, las apps en sí mismas son 'simples' herramientas de conversación. No detectan el radar por sí solas. No hay, por tanto, una base jurídica concreta para prohibir esta práctica.

Sin embargo, las autoridades se han apoyado en el artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana para poder perseguir este comportamiento, ya que «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información» es considerado una infracción grave.

Desde la DGT evitan relacionarlo con la también denominada por la izquierda como 'Ley Mordaza'. El propio Pere Navarro, director de Tráfico, ha sido muy directo al respecto: «El aviso por redes de los controles policiales socava gravemente la seguridad vial, ya que permite a los infractores evadir la ley, poniendo en riesgo la vida de todos los usuarios de las vías».

Tal es la preocupación sobre este tema que desde la DGT y el gobierno central ya se están estudiando modificaciones de la normativa para perseguir con mayor eficacia el 'método gallego' y que sea considerado como una infracción muy grave que alcance multas de 500 euros.

Difícil papeleta, ya que las comunicaciones en este tipo de mensajerías es privada y es muy difícil perseguirla. Incluso con una petición judicial son difíciles de desvelar, como ocurre con Telegram, principal valedora de la privacidad entre usuarios y que ha desembocado en no pocos conflictos entre la app y diferentes estados (sin ir más lejos, en España hace pocos meses, donde un juez estuvo a punto de ordenar su cierre).

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