La defensa de Pons alega que residió en Mónaco hasta 2012 y en Reino Unido a partir de entonces

Los abogados de Sito Pons respondieron a las acusaciones de la Fiscalía, que solicita 24 años de cárcel y 12 millones de multa al director del Pons Racing por supuesto fraude fiscal entre 2010 y 2014. «La acusación formulada por el Ministerio Fiscal contra nuestro cliente se basa en la errónea suposición de que el Sr. Pons no habría residido realmente en el Principado de Mónaco hasta 2012, ni en el Reino Unido a partir de dicho ejercicio», alegan. 


Horas después de que el diario ABC publicase que la Fiscalía había pedido 24 años de prisión para Sito Pons por un supuesto fraude fiscal, los abogados del expiloto y actual propietario del Pons Racing emitieron un comunicado para defender la inocencia del bicampeón del mundo de 250cc.

En dicho comunicado, los tres bufetes que representan a Pons (Molins, Picaza Legal y Cuatrecasas) salieron al paso de las acusaciones de la Fiscalía sobre un presunto fraude fiscal de Pons por cuantía de 2,7 millones de euros entre los ejercicios de 2010 y 2014. Según la fiscal, Pons cometió seis supuestos delitos fiscales, por lo que piden una pena de 24 años de cárcel, además de pagar una multa de 12,4 millones y de devolver la cantidad presuntamente defraudada. A Pons se le acusa de haber simulado residir en Mónaco y después en Reino Unido durante esos años, y también de haber utilizado empresas pantalla, algunas de ellas en paraísos fiscales, en ese periodo de 2010 a 2014.

Al respecto de esto, la defensa de Sito Pons alega que su cliente sí residió en ambos lugares durante ese periodo: «La acusación formulada por el Ministerio Fiscal contra nuestro cliente se basa en la errónea suposición de que el Sr. Pons no habría residido realmente en el Principado de Mónaco hasta 2012, ni en el Reino Unido a partir de dicho ejercicio, sino en España y, por tanto, que es aquí donde debía pagar sus impuestos. Sin embargo, el Sr. Pons realmente residió en Mónaco hasta 2012 y posteriormente en el Reino Unido, como demuestran, de entrada, los certificados emitidos a tal efecto por las autoridades de los respectivos países. Según tienen establecido nuestros tribunales, la mera posesión de los certificados de residencia fiscal de otro Estado sería suficiente para descartar de plano la comisión de un delito de defraudación a la Hacienda Pública», apostilla la defensa de Pons.

Los abogados añaden que «desde 2012 el Sr. Pons ha pagado sus impuestos en el Reino Unido ajustándose a la legislación de dicho país, en el cual tiene su vivienda habitual y el centro de sus intereses económicos, particularmente la actividad de su escudería PONS RACING. Las propias autoridades británicas han defendido vehementemente ante España la residencia en Londres del Sr. Pons en el procedimiento previsto para evitar la doble imposición de los contribuyentes» y también agregan que «las visitas frecuentes del Sr. Pons a Barcelona a las que alude el Fiscal en su escrito de acusación se justifican por el hecho de que buena parte de su familia viva en dicha ciudad y a que esta sea el punto de encuentro habitual de su escudería en sus viajes por todo el mundo durante la temporada de competición».

Como cuarto punto del escrito, la defensa de Pons considera que «la presente acusación de la Fiscalía se enmarca en una persecución que, desde hace años, la Hacienda española ha emprendido injustificadamente contra nuestro cliente». Ya en 2011 tuvo que sentarse en el banquillo y entonces fue absuelto: «El Sr. Pons ya fue injustamente sentado en el banquillo por la Fiscalía y la Agencia Tributaria en el año 2011 y fue libremente absuelto de cualquier delito tanto por el Juez de lo Penal como por la Audiencia Provincial de Barcelona, que rechazaron entonces con contundencia que nuestro cliente hubiera simulado su lugar de residencia o cometido cualquier delito».

La defensa del bicampeón de 250cc y actual propietario del Pons Racing asegura que la pena que solicita la Fiscalía es desproporcionada: «La evidente desproporción de las penas solicitadas (veinticuatro años de prisión, es decir, la pena de dos homicidios) pone de manifiesto la voluntad tanto de la Fiscalía como de la Agencia Tributaria de utilizar ilegítimamente a nuestro cliente con fines ejemplarizantes ante los contribuyentes españoles y de forzarle indebidamente a pagar unas elevadas cantidades que en modo alguno adeuda».

«Pese a ello, el Sr. Pons ha ofrecido garantías suficientes para cubrir las deudas tributarias, sin que dicho ofrecimiento haya sido aceptado para suspender la ejecución de las mismas. En definitiva, como ya sucedió en el año 2011, esta defensa demostrará en el acto del juicio oral la absoluta inocencia de D. Alfonso Pons», zanja el escrito de los abogados.

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