Impuesto a los puntos de recarga de vehículos eléctricos

El Gobierno de España ha establecido un nuevo impuesto para los puntos de recarga de vehículos eléctricos, una nueva barrera que no es coherente con el supuesto apoyo a la moto eléctrica y al coche eléctrico del que se vienen jactando las administraciones.


A las administraciones públicas se les llena la boca hablando de transición ecológica o eficiencia energética y, en este sentido, el impulso a los vehículos eléctricos es una de las grandes bazas para luchar contra la contaminación. Este tipo de movilidad 'limpia' suele tener ciertas ventajas asociadas a su condición en ausencia de restricciones de acceso a ciertas zonas de las ciudades o en exenciones de impuestos y tasas. Precisamente, éste es uno de los incentivos más utilizados por los gobiernos del estado, las autonomías o las poblaciones para incrementar la presencia de coches eléctricos y motos eléctricas en el parque móvil español.

Pues bien, no se entiende una de las decisiones tomadas por el gobierno de España que en sus Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (BOE) ha introducido una nueva barrera para acceder a los vehículos eléctricos, ya de por sí difíciles muchas veces por su todavía alto precio de venta. En la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, se puede leer en 'letra pequeña' que se va a empezar a recaudar un nuevo impuesto a los puntos de recarga de vehículos eléctricos que queda de esta manera en el epígrafe 664.2 del apartado Siete de la sección 5ª y del artículo 67 sobre Impuestos sobre Actividades Económicas:

  • «Cuota mínima municipal de: 13,56 euros por cada punto de recarga. Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el que el punto de recarga esté instalado.
  • Cuota nacional de: 13,56 euros por cada punto de recarga. Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de los puntos de recarga.»

El texto obliga a los ayuntamientos a cobrar el impuesto a los puntos de recarga, un coste al que tiene que hacer frente el titular o propietario del punto de recarga, por lo que el precio de recarga podría notarse al alza de una manera general. La cuota mínima se establece en 13,56 euros por cada punto de recarga como cuota municipal y otros 13,56 euros en cuota nacional. Insistimos: como mínimo, habrá que pagar 27,12 euros al año por cada punto. Además, este impuesto se establece no sólo para los cargadores públicos sino también por los privados sin importar su localización exacta. No en vano, la ciudad de Barcelona ha comenzado a cobrar en los cargadores públicos, pero este coste también tendrá que tenerlo presente desde este año empresas como concesionarios, centros comerciales, etc. Aun así, parece inevitable que este coste se traslade o repercuta en el precio de uso que tendrá que abonar el usuario final del vehículo.

Sin duda, se trata de una medida un tanto contradictoria, ya que el propio Plan MOVES 2020 (del que se espera una nueva edición en 2021) incluía ayudas y financiación para la instalación de estos puntos de recarga además de otras consideraciones en la Ley de Impulso a las Energías Renovables sobre la importancia de los puntos de recarga de alta capacidad (250 kW).

Deja una respuesta

Volver a la home