36 millones de euros en multas
El ayuntamiento de la capital tendrá que hacer frente a la suspensión de la zona de bajas emisiones Madrid Central por parte del Tribunal Supremo. Se anulan así las 800.000 multas impuestas durante su vigencia mientras que el consistorio tendrá que realizar una nueva norma anti-contaminación.
Madrid Central, la zona de bajas emisiones que implantó el 30 de noviembre de 2018 el gobierno de la capital cuando Manuela Carmena (Ahora Madrid) estaba al frente del ayuntamiento de Madrid, ha quedado sin efecto. Así se ha confirmado después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción al veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también había rechazado la ordenanza municipal por no cumplir con los trámites necesarios para su elaboración.
En concreto, la Comunidad de Madrid y el grupo Popular (PP) habían solicitado al TSJM la anulación de la ordenanza por defectos formales, una decisión que aceptó y llevó a cabo en el mes de julio del año pasado. El tribunal regional insistió en tres sentencias diferentes la omisión de los trámites de elaboración y aprobación del marco legal sobre el que se desarrollaba Madrid Central, omitiendo, por ejemplo, la información pública, indispensable en el desarrollo legislativo español. También se incide en la ausencia de una memoria económica: «Es constante la doctrina jurisprudencial sobre la incorporación de la memoria económica al procedimiento de elaboración de toda norma reglamentaria, hasta el punto de que su omisión en el trámite de elaboración y aprobación ha venido siendo considerado como vicio determinante de la nulidad de la disposición general o reglamentaria». De esta manera, se da por bueno el razonamiento de que los 11,7 millones que costaba la puesta en marcha de Madrid Central podía poner en peligro la estabilidad financiera del consistorio madrileño.
800.000 multas y 36 millones de euros, en el aire
La sentencia del Tribunal Supremo es firme y ya no admite recurso, por lo que las multas impuestas durante su periodo de vigencia quedan anuladas y podrían recurrirse y solicitar su devolución.
Estamos hablando de nada menos que 800.000 multas, unas sanciones que ascienden a la friolera de 36 millones de euros.
Adiós, Madrid Central. ¿Y ahora qué?
Puede parecer una victoria para el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida (PP). De hecho, una de las promesas electorales fue la de tumbar Madrid Central aunque en su acuerdo con Ciudadanos tuvo que recular y sólo flexibilizar la norma para, por ejemplo, permitir el acceso y el aparcamiento a los transportistas.
Ya en el cargo, el ayuntamiento que forman 'populares' y 'naranjas' siempre se ha mostrado cauto al respecto, conscientes de que la capital española debe realizar algún tipo de normativa para mejorar, al menos en forma, la ley de Carmena y con ciertos límites a la movilidad del vehículo privado en el núcleo central de Madrid.
La 'patata caliente' está ahora en el equipo de gobierno de Almeida. Veremos cómo afrontan este nuevo escenario y cómo afecta sobre todo a las motos y ciclomotores en una futura nueva normativa...
